Como explica Maribel Cáceres, miembro de la junta directiva de Plena Inclusión y primera persona con discapacidad intelectual representada en el Comité Ejecutivo Estatal del CERMI, “la nueva legislación ofrece apoyos para poder decidir sobre nuestra vida, nuestras cosas, nuestros planes. Los apoyos son importantes para tomar buenas decisiones, y con buenos apoyos haces cosas que no podías imaginar. Además, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas dice que hay que dar apoyos para la toma de decisiones. No hay que sustituir a la persona. Hay que ayudar a que seamos protagonistas de nuestra vida”.

 

 

Aprobado tras la incorporación de más de 290 enmiendas durante su paso por el Senado, el Proyecto de Ley elimina las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas como ‘poco adaptadas’ al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad. En su lugar, el sistema judicial deberá proporcionar a las personas que lo necesiten las ayudas y ajustes necesarios –con recursos técnicos, materiales y humanos– para llevar a cabo actos jurídicos tan diversos como contraer matrimonio, comprar una vivienda o hacer testamento.

 

Una reforma con la que se adapta la legislación civil española a la Convención Internacional, que entre otros puntos establece la igualdad de las personas con discapacidad en cuanto a capacidad jurídica y prohíbe la discriminación en este ámbito, y que, entre otras medidas, elimina los términos ‘minusválido’ o ‘disminuido’ de todas las leyes de nuestro país; introduce medidas para que las personas con discapacidad puedan participar en los procesos judiciales ‘con garantías’, de forma que puedan ‘entender y hacerse entender’; e incorpora la figura del ‘facilitador’, un experto que les ayudará a lo largo de todo el proceso.

 

Como concluye Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, “con la aprobación definitiva por el Congreso de este Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación y civil y procesal para el apoyo de las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica, nuestro Derecho mejora notablemente porque acoge y respeta a todas las personas, con independencia de sus circunstancias”.

 

Fuente: Somos Pacientes